Existe una creencia equivocada entre los deudores de créditos prendarios: suponer que, una vez que la entidad acreedora secuestra el vehículo por falta de pago, la deuda queda automáticamente cancelada. Esta idea es errónea y puede generar graves consecuencias financieras.
Cuando un vehículo es incautado, no significa que la obligación con la financiera desaparezca. En la mayoría de los casos, el auto es subastado judicialmente para recuperar parte del crédito, pero el monto obtenido suele ser insuficiente para cubrir la totalidad de la deuda, los intereses acumulados y los gastos judiciales asociados. Mientras el proceso de recuperación sigue su curso, la deuda continúa aumentando mes a mes debido a la aplicación de intereses y actualizaciones.
Como resultado, muchos deudores se encuentran con que, aun después de perder su vehículo, siguen debiendo una suma considerable de dinero que, a su vez, seguirá creciendo a causa de los intereses que se seguirán generando.
Esto puede derivar en acciones legales posteriores, como embargos sobre otros bienes o inhibiciones que afectan su capacidad financiera a futuro.
Por ello, es fundamental que quienes enfrenten dificultades en el pago de un crédito prendario busquen asesoramiento antes de que la situación se agrave. Entender las implicancias legales y financieras es clave para evitar consecuencias que pueden prolongarse durante años.
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